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No cabe la menor duda que el brote del virus COVID-19 a nivel mundial cambió la forma de relacionarnos y, por cierto, las prioridades de los Estados y de sus habitantes. La emergencia sanitaria ha motivado la toma de durísimas decisiones, cuyos efectos varían desde lo económico e, incluso, desde la convivencia humana. Nuestro país no está exento al dinamismo y al combate de la pandemia, pues en cuestión de semanas, hemos visto políticas públicas que miran (en la medida de lo posible) al cuidado de la salud de la población con los recursos disponibles, materializadas en nuevas normas jurídicas de cumplimiento obligatorio. Ejemplos claros del reflejo de la realidad que debe tener el Derecho lo tenemos en los actos y modificaciones legales emanados a propósito de la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe por parte del Presidente de la República, Sebastián Piñera, vistas particularmente en el Derecho del Trabajo.

Son las y los trabajadores quienes ven con preocupación el escenario actual, pues en menos de un mes calendario han visto mermadas sus condiciones laborales, a causa de empresas que se encuentran imposibilitadas de funcionar gracias al acto de autoridad o por falta de liquidez en el patrimonio por circunstancias anteriores a la pandemia, y también con motivo de empleadores que priorizan la producción por sobre el resguardo de la vida y de la salud como bienes jurídicos imprescindibles de toda persona. Consecuencia de aquello, hubo suspicacia en el ejercicio de la instancia fiscalizadora por medio de la Dirección del Trabajo quien, sabemos, hizo noticia por el dictamen en que autoriza la suspensión de la relación laboral invocando los contagios de coronavirus como caso fortuito o fuerza mayor, y también hubo incertidumbre en el criterio utilizado por los tribunales ordinarios de justicia en la tutela de derechos fundamentales. En definitiva, se puso a prueba una vez más los mecanismos de protección jurídica a trabajadores, quedando en evidencia las falencias en el resguardo de aquellas garantías ya adquiridas con la sola firma del contrato de trabajo, y que la autoridad central debió hacerse cargo de ellas.

En ese orden de ideas, no nos debe sorprender la celeridad de la tramitación de la Ley de Protección al Empleo, pues la presión ciudadana y las constantes críticas de la comunidad jurídica en su conjunto permitieron impulsar cambios en la agenda legislativa laboral que superó la suma urgencia impuesta por el gobierno. Esta nueva norma (que viene también a complementar y modificar, en algunos de sus artículos, el Código del Trabajo) viene a delimitar la procedencia de la causal de caso fortuito o fuerza mayor originada por acto de autoridad y provocada por el descontrol del coronavirus, sea que el vínculo laboral se suspenda o termine (salvo si el fundamento se refiere a las necesidades de la empresa conforme la lectura del artículo 161 del cuerpo normativo anteriormente citado). Además, permitirá mantener el ejercicio de derechos irrenunciables (como pasa con las cotizaciones previsionales y con las normas de protección a la maternidad) y asegurar el pago de remuneraciones con cargo al seguro de cesantía y conforme los porcentajes que la ley prescribe y que se aplicarán de forma decreciente.

Por medio de la modificación legal, solucionamos parte del problema, pero no protegemos de manera íntegra a nuestros trabajadores (me incluyo en la aseveración dado que todos los habitantes de la República conformamos el Estado), pues deja abierta la ventana para que el empleador termine relaciones laborales por cuestiones ligadas a la falta de producción, a la racionalización de recursos e, incluso, por encontrarse ad portas de la liquidación de su patrimonio previa insolvencia y cesación de pagos con sus acreedores. Continuamos dejando en el desamparo a trabajadores que siguen aglomerándose en las oficinas de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) a la espera de usar su cuenta individual y el fondo solidario para mantener la economía del hogar y la supervivencia de su grupo familiar, sea porque no todos tienen acceso a las plataformas digitales o por la preocupación natural del trámite mismo. Seguiremos viendo, desde lo profesional, a trabajadores que buscarán ayuda para que sus derechos no sean nunca más vulnerados y que nosotros, como abogados y abogadas, aportaremos con la vocación de siempre, para contribuir con un pequeño granito de arena, a la solución del conflicto. De nosotros depende dar una mano a la indefensión, para que sean los propios tribunales de justicia los que restablezcan la normalidad fallando conforme a Derecho y haciendo primar la realidad que hoy vivimos.