El estado de catástrofe como forma de control al Coronavirus. Reflexiones a partir de la situación actual en Chile

por | Mar 18, 2020 | Opinión

Tras el explosivo aumento de casos de contagio del COVID-19 en territorio nacional (a la fecha de redacción de esta nota, contabilizamos al menos 238 casos a nivel país, con 174 personas infectadas sólo en la Región Metropolitana, encontrándose en su gran mayoría con cuadros respiratorios leves y en aislamiento domiciliario), el Presidente de la República, Sebastián Piñera, decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe, todo en el ejercicio de sus funciones y conforme prescribe expresamente la Constitución Política de la República en los artículos 41 y 43 inciso tercero (enlace)

Sin perjuicio de lo anterior, ¿qué significa, a grandes rasgos, el decreto de estado de catástrofe? Implica, en términos muy generales, una alteración excepcional al estado de derecho que tiene por fin controlar la calamidad pública (en este caso, la disminución de la curva de contagio) y proteger la salud de las personas durante el plazo de 90 días y que, en caso de prorrogar su vigencia, no podrá exceder los 180 días sin acuerdo del Congreso Nacional y por motivos calificados.  Para ello, este acto administrativo faculta al Presidente de la República para que, con coordinación directa de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, restrinjan el ejercicio de algunos derechos fundamentales y garantías constitucionales. A mayor abundamiento, son los siguientes:

  1. Las zonas a que se refiere el decreto que declara el estado de excepción quedan bajo control y supervigilancia del Jefe de la Defensa Nacional designado exclusivamente para este efecto. Éste, a su vez, instruirá a su personal para el resguardo de infraestructura clave en la mitigación de la calamidad pública (hospitales, clínicas privadas, centros médicos, consultorios y SAPUS, centrales operativas de ambulancias, supermercados y farmacias), para el seguimiento de personas con medidas preventivas y obligatorias de cuarentena y, en general, para labores relacionadas con el control del orden público mientras dure lo excepcional.
  2. La restricción de los derechos de reunión y de libertad de circulación de personas. Lo primero aplica en cuanto a la prohibición total a celebrar juntas que alberguen una cantidad determinada de personas (superior a 30) y que implique un contacto social que favorezca el contagio, por ello ya vemos una disminución sostenida con los días en los usuarios del transporte público y el cierre indefinido de malls y centros comerciales. Lo segundo, por su parte, tiene por objeto limitar la libertad ambulatoria de la persona, en cuanto queda la autoridad de la Defensa Nacional a decretar la medida de toque de queda y el cierre de pasos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos (medida previamente decretada por el Presidente de la República). Se exceptúan de aquella restricción del ejercicio de la libertad personal los funcionarios de la salud y quienes desempeñen funciones en las infraestructuras claves antes señaladas.
  3. Eventualmente, y de acuerdo al avance de la enfermedad, lo más razonable es privar de manera total el libre desplazamiento de las personas a través de cuarentenas o aislamientos domiciliarios. Ello tiene absoluta justificación en el estado de catástrofe mientras dure la calamidad pública.

En este orden de ideas, es muy importante hacer un llamado a la calma y a respetar, desde todos los sectores de la sociedad, las medidas implementadas y que están próximas a implementarse, todo sea por proteger a la población de riesgo, a nuestras familias y, por ende, por autocuidado.

Comparte

Sponsors

La Boticueva
Multiespacio 3F
Óptica Vitor
Tetería Del Sur
Ninkasi